Cuando se juega con la esperanza

Con bastante regularidad en la vida social, lo que no se ve pesa más que lo evidente, que aquello con lo que nos topamos con frecuencia. ¿Y por qué volver aquí a una verdad de Perogrullo, a un lugar común? Porque la “normalización” de lo que atenta contra las más elementales reglas de la convivencia tiene como límite la explosión social.

La narrativa de la autocalificada cuarta transformación se construyó contra la corrupción, el nepotismo, la inseguridad, el abuso de autoridad, contra la militarización, la inequidad en la contienda electoral, el acento puesto en la pobreza y todo envuelto en un discurso nacionalista derivado de una interpretación de héroes y villanos de la “historia patria” (SIC).

Se vendió la idea de que nuestra historia era la lucha entre fuerzas oscuras que habían propiciado los males antes indicados y los espíritus liberadores que los combatieron. De manera tal que en la independencia se luchó contra los españoles invasores (según esto, hasta hoy nos deben una disculpa); en la Reforma, los liberales contra los conservadores afanosos por un imperio; los revolucionarios contra los porfiristas y, para rematar, ahora corresponde a López Obrador liberarnos del infausto neoliberalismo.

Pero la narrativa aguanta, por más potente que sea, hasta que la realidad la desnuda ante una población que se asume ciudadana. Hoy la 4T vive un momento crítico, sus grandes propósitos están lejos de haberse cumplido, sus “grandes logros” no son tales.

López Obrador, en su momento opositor, criticó acremente la militarización y lo primero que hizo, y lo profundizó a lo largo de su sexenio, fue acentuar la presencia de las Fuerzas Armadas no solo para combatir al crimen organizado, sino para intervenir en diversas esferas de la vida económica y social como símbolo de eficiencia. Así, los uniformados se convirtieron de la noche a la mañana en ingenieros y operadores de vías férreas, en diseñadores de aeropuertos y administradores de líneas aéreas, en responsables de delicadas tareas logísticas como la distribución de medicamentos y, para no variar, administradores a prueba de todo, para ellos las aduanas.

Lo que la militarización obradorista evidencia es una concepción del Estado mismo, su idea de que la sociedad —en cualquier momento, no solo en coyunturas críticas— requiere de la concentración del poder y de la disciplina castrense para imponer destino. Todo porque no confía en la sociedad; “al pueblo bueno” hay que decirle por dónde y al resto hay que imponerle el rumbo.

Los resultados están a la vista; las tasas de criminalidad crecieron durante el sexenio pasado bajo la política de “abrazos, no balazos”. Al parecer ahora, con una política distinta —que, por cierto, no critica expresamente a la anterior, pero en los hechos parece caminar en otra dirección— se empiezan a ver mejores resultados, aunque los “efectos colaterales” han sido altos si consideramos el número de víctimas y las zonas de cuasi guerra que se viven en algunas regiones del país. Ya veremos los resultados, pero lo que es claro es que el costo ha sido muy alto; la corrupción penetró hondo en los altos mandos y en particular en lo que se consideraba la élite de las mismas. La Armada.

Años reconstruyendo el prestigio después del 68, el 71 y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de represión política se están yendo por la borda.

La corrupción, que ya campeaba en las altas esferas públicas y privadas, en los últimos años se acrecentó y es práctica común en nuevos círculos de personajes vinculados al “movimiento” dominante, en los que la austeridad republicana brilla por su ausencia.

Por otra parte, el abuso de autoridad, la arbitrariedad, encontrarán en el nuevo Poder Judicial zaguanes abiertos por los que el criterio político se impondrá a las disposiciones normativas. Vamos a un terreno carente de las reglas básicas de un Estado de derecho.

Dentro del listado de promesas hemos escrito en múltiples ocasiones sobre el proceder político electoral, sobre la democracia, a la cual se le considera como instrumento de acceso al poder y no como valor que debe arraigarse en una sociedad, como convicción de una comunidad en la que los ciudadanos seamos capaces de dirimir civilizadamente nuestras diferencias.

A lo que quiero referirme en esta ocasión es al deterioro de lo más elemental, la confianza en que nuestra soberanía individual será respetada; cuando eso sucede, nos perdemos el respeto a nosotros mismos. El voto deja de tener valor, se vuelve mercancía accesible para quien cuenta con los recursos para comprarlo; el cinismo, el pragmatismo y la complicidad se vuelven referentes sociales y desde ahí calificamos nuestro entorno y nos conducimos en él.

Este panorama conduce a algo de la mayor complejidad y aquello que penetra en el alma de un pueblo, diría Goethe: el deterioro de la confianza pública, el descrédito de las instituciones; de eso es responsable la 4T, no solo de no resolver los problemas sobre los que montó sus campañas, sino de traicionar la esperanza.

Hay dos terrenos en los que la actual administración federal empieza a mostrar resultados que podrían implicar un cambio de rumbo. Uno tiene que ver con el combate a la criminalidad, iniciativa que podría frenarse, ya que deja al descubierto la amplia red de implicados, a figuras relevantes del actual bloque gobernante y cuya exhibición pone en riesgo la gobernabilidad de la actual Presidencia.

El otro terreno es el de la disminución de la pobreza: buenas noticias sobre bases endebles si la economía no sale de la mediocridad de una economía estancada, sujeta a una política económica que le viene de fuera y a una inversión recelosa de la falta de garantías a la misma.

Así son las consecuencias cuando se juega con las expectativas, las tensiones se acumulan entre una sociedad que reclama atención a sus causas y un gobierno que ve para sí.

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