Del orgullo al hartazgo: españoles protestan contra el turismo masivo
España, uno de los países más visitados del mundo, vive un fenómeno insólito: el turismo masivo ya no es motivo de orgullo, sino de protesta.
Durante este verano, miles de ciudadanos han salido a las calles para rechazar lo que llaman “turistificación”. El mensaje, simple y rotundo: menos turistas, más vecinos.
El 15 de junio se registraron manifestaciones en al menos ocho ciudades. En Palma de Mallorca marcharon más de diez mil personas. En Barcelona, grupos bloquearon hoteles y rociaron con agua a turistas. En San Sebastián también hubo protestas.
El malestar se extiende. Lo que empezó como reclamo vecinal, hoy toma forma de movimiento social. Piden regular el turismo, limitar vuelos, frenar nuevos alojamientos y proteger la vivienda para residentes.
Barcelona, que es la ciudad más “turistificada” (expresión peyorativa de los cambios que experimenta una ciudad por la afluencia masiva de turistas) del mundo, recibe más visitantes al año que Brasil y Australia juntos, es también el epicentro del malestar.
Este verano, por cada cien residentes, hay 916 visitantes, señala un reportaje sobre el turismo en Barcelona, publicado este miércoles por el diario El Mundo.
Las pancartas y los cánticos en Barcelona son particularmente hostiles: “Este turismo es terrorismo”, “El turismo nos roba”, “Un turista más, un vecino menos”.
En 2024, España recibió 94 millones de turistas internacionales. Este año se prevé superar los 100 millones. Son más del doble de la población española.
Suena bien, pero ese flujo tiene un costo. En zonas turísticas, hasta 50% de las viviendas han sido convertidas en alojamientos temporales. El resultado: escasez de vivienda y rentas imposibles para los residentes en el lugar.
Sólo entre 2022 y 2024, las viviendas turísticas crecieron 25% en todo el país. En Madrid, casi 50%. En Málaga, 36%. Muchas operan al margen de la ley.
Palma, Valencia, Málaga y San Sebastián han registrado aumentos de precios superiores a 9% en lo que va del año.
Los turistas, señalan los inconformes, también elevan los precios generales. En julio, la inflación anual alcanzó 2.7%, impulsada por la demanda estacional de alojamiento, transporte y alimentos.
A nosotros podría parecernos poco el incremento de la inflación, pero aquí no.
El gobierno ha reaccionado con medidas parciales. Airbnb debió retirar 65 mil anuncios ilegales tras una intervención del Ministerio de Consumo. Otros 55 mil fueron denunciados por carecer de registro. Aún así, el problema persiste.
En Alicante, mil personas marcharon con pancartas escritas en inglés: “We serve you beers but can’t pay the rent” (Te servimos tu cerveza, pero no podemos pagar la renta).
La ciudad ha perdido comercios históricos. La tradicional librería 80 Mundos cerró para ser reconvertida en departamentos turísticos. La escena se repite en otras ciudades.
En Palma, los hoteleros denuncian que los nuevos turistas apenas consumen. “Vienen con bocadillos del súper. No gastan nada”, dijo la encargada de un bar al diario As.
En la playa del Puntal, en Cantabria, los vecinos denuncian basura, colapso y descontrol. Las autoridades reconocen la saturación, pero no pueden manejarla.
Organizaciones ciudadanas bloquearon calles de Málaga durante dos días para exigir una moratoria en nuevas licencias de alojamiento turístico.
En Sevilla, los residentes del centro histórico han documentado que más de 60% de las viviendas del barrio Santa Cruz –donde se encuentra la catedral en que está el ataúd con los restos de Cristóbal Colón– son destinadas al alquiler vacacional.
El turismo representa 12% del PIB y emplea a dos millones de personas en España. Pero cada vez más ciudadanos sienten que no reciben los beneficios de esa riqueza.
Las protestas no buscan eliminar el turismo, dicen, sino cambiar el modelo. “No podemos crecer infinitamente. El turismo nos roba techo y futuro”, dicen pancartas exhibidas en Mallorca.
Colectivos que convocan a las manifestaciones exigen limitar vuelos, frenar cruceros y restringir alquileres vacacionales. Algunas ciudades ya aplican tasas diferenciadas y cupos de llegada.
Barcelona impone tarifas más altas a los cruceros que permanecen menos de 12 horas. Otras ciudades estudian prohibiciones similares.
Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿Puede España seguir atrayendo a millones sin molestar a sus propios habitantes?
Este verano, por primera vez, una parte del país le dice al visitante: no eres bienvenido. Y el modelo turístico, orgullo nacional durante décadas, entra en crisis.
La postal de este verano no es la de playas llenas ni terrazas festivas, sino de vecinos hartos y pancartas hostiles en los balcones.
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