Reforma política y electoral
La Presidente Sheinbaum ha anunciado una reforma electoral autoritaria y regresiva para crear un sistema político de partido hegemónico y regresar a prácticas autoritarias donde el control estatal sobre las elecciones prevalezca, y este proyecto acabaría con el sistema político electoral vigente. Se tendría un régimen de dictadura blanda con elecciones, pero sin la posibilidad de que las oposiciones sean mayoritarias. El pretexto de los costos de la democracia son demagógicos, y buscan romper la equidad en las contiendas. No hay democracia sin partidos. Y no hay democracia sin respetar los derechos de las minorías. Tampoco si se violan los derechos humanos a la libre expresión y a la libertad de prensa como está sucediendo actualmente con Karla Estrella, Héctor de Mauleón, y muchos más ciudadanos sin filiación partidista.
La violencia política de género son acciones que limitan los derechos políticos de las mujeres, no una excusa de la diputada Diana Karina Barrera para sancionar a quien opinó sobre su postulación por la presión de su marido el diputado Gutiérrez Luna. El TEPJF se excedió y violó derechos humanos fundamentales.
En 1977 era yo estudiante y acudí al salón verde de la Secretaría de Gobernación donde se discutía la nueva reforma política y que culminó con reformas al proceso electoral, con una mayor apertura a la pluralidad. Se crea la figura de partidos políticos como instituciones de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Desde entonces TODAS las reformas político – electorales se han diseñado por consenso, pese a desacuerdos parciales que poco a poco se fueron superando. Así se avanzó de comicios organizados por el gobierno a los organizados por el IFE (y posteriormente el INE) con los ciudadanos. La imparcialidad, la legalidad y la equidad fueron normas que orientaron el proceso.
Cuando fui diputada me tocó la negociación de la reforma relativa al financiamiento público de los partidos. Zedillo lo impulsaba para evitar intromisiones de delincuencia organizada, que ya empezaba a pintar, en la vida de los partidos. El PAN logró en esa reforma que se creara un Tribunal Electoral parte del Poder Judicial, desapareciendo los Colegios Electorales donde se imponía la mayoría. Mientras el PRD buscó un financiamiento público total. Se aprobó la reforma constitucional. Pero la reforma legal no prosperó porque el PAN no estuvo de acuerdo en un financiamiento 90% público y 10% privado. En tanto el PRD no votó porque ya no se admitió la figura de candidatura común, y solo podrían darse coaliciones. El PRI votó solo las reformas acordadas y así se avanzó en la alternancia que se logró en el 2000.
Nuestro proceso democrático avanzó en décadas mediante la construcción de acuerdos para ir perfeccionando los procesos electorales, transparentarlos y evitar fraudes. Pese a que AMLO no reconoció el triunfo de Felipe Calderón, nunca pudo aportar las pruebas de un fraude, pese a que ya estaba el marco jurídico abierto a actuar contra prácticas violatorias del proceso. La toma de Reforma y el gabinete alterno, fueron actos para “lavar la cara” de un candidato que, siendo el favorito en encuestas, perdió su delantera por sus propios errores y menospreció a actos como el debate. El sistema siguió perfeccionándose con un INE que emitía lineamientos para las elecciones y un TEPJF que emitía resoluciones que incluso reconocieron la nulidad de elecciones por delitos electorales.
La pluralidad es base de la democracia. La exclusión es contraria a las libertades. Todos debemos gozar de los mismos derechos. Las leyes deben tutelarlos. Pero los esbozos de la reforma que plantea Sheinbaum van en sentido contrario. Busca reducir o incluso desaparecer los plurinominales y bajar el número de integrantes en el Congreso para asegurar la mayoría de Morena por la vía de elección mayoritaria, o uninominales. Busca reducir el financiamiento público al INE y los partidos políticos. Hay desde versiones que pretenden solo dar financiamiento público en las elecciones y otros que hablan de un 50% de recorte. El gasto del Estado en el sistema político partidista es mínima parte del PEF. Esto se debe a reformas para ir reduciendo costos, como disminuir tiempos de campaña, recortes a los gastos de los partidos y del propio INE. La última elección además de todos los considerandos de su ilegalidad por acordeones y compra de voto, tuvo pocos recursos para instalar el número de casillas necesarias.
El gasto público en nuestro sistema electoral ha permitido elecciones confiables, legales, que permiten la gobernabilidad y son transparentes. Apoyadas en la participación ciudadana y personal profesional del INE. El cambio de un sistema electoral define las reglas para acceder al poder político. Nunca son totalmente neutras, pero se había avanzado mucho para evitar confrontaciones post electorales. La propuesta que adelanta Sheinbaum va a poner nuevas reglas del juego para conservar la mayoría en el Congreso y evitar que se modifiquen reformas constitucionales. Cambiar las reglas del juego le permite constituir mayorías que perduren hacia futuro y consoliden el centralismo en las decisiones. El secuestro del INE y del TEPJF ya violentan el proceso. Desmantelar al INE actual, querer hacerlo depender del gobierno e incluso elegir a los consejeros por voto popular son acciones para destruir el andamiaje político de la pluralidad. Estos no son procesos más democráticos, todo lo contrario, son acciones tendientes para mantener un Ejecutivo predominante sin contrapesos y eso no es una República.
El Instituto para la Transición Democrática ya presentó un proyecto alternativo de Reforma político-electoral. Acaba con la sobrerrepresentación que vulnera a las minorías. Propone una Cámara con 500 diputados, 250 uninominales y 250 plurinominales para generar una representación equivalente a los votos emitidos por partido. Recuperar la independencia de los árbitros electorales, TEPJF e INE, electos por tres cuartas partes del pleno del Senado, mantener equidad en el financiamiento público a los partidos y vigilar no acceda dinero sucio a las campañas; recuperar el Pacto Federal en la composición del Senado con cuatro senadores por entidad; mantener el sistema de servicio electoral de carrera.
Estas propuestas muestran que hay caminos para seguir avanzando en la construcción democrática del país, pero será decisión de la Presidente y su partido si se impone una reforma electoral, con nuevas reglas del juego, para socavar a la oposición, dando paso a un nuevo sistema político autoritario, o si se conserva algún viso de interés nacional para abrirse a la pluralidad que caracteriza al país. Estamos ante momentos difíciles de la historia mundial. Están cambiando las relaciones entre potencias. Las amenazas de guerras comerciales e incluso armadas están presentes. La relación bilateral con EEUU se encuentra en crisis, los aranceles como arma de negociación, nos afectan. El tema de los narco políticos queda pendiente y ante estas amenazas la unidad nacional no se consolida. No por falta de patriotismo. Sino por la ausencia de un liderazgo que convoque a todas las fuerzas políticas y sociales para avanzar juntos. Solo se gobierna para los afines, se excluyen críticas o recomendaciones que no provengan del propio movimiento 4T. Los demás no existimos. Las consecuencias van a ser costosas.
Morena; sin embargo, no es un partido político, es una conjunción de grupos y organizaciones de diversas filiaciones, muchas veces con fuertes contradicciones entre estos. Las diferencias afloran día a día. Hay visiones encontradas sobre el liderazgo de la Presidente. No hay un proyecto de Estado claro. Tampoco de futuro nacional, solo del poder y su ejercicio, según circunstancias. Esta situación no podrá mantenerse a largo plazo. El problema es que si hace crisis, ¿cómo se gobernará al país? Es mejor tener reglas claras e incluyentes y no sistemas supeditados a una mayoría que puede tener fuertes divisiones generando un clima de ingobernabilidad.
Las actuales reglas permitieron la alternancia en el poder, dieron legitimidad a los gobiernos electos. Si no se logra la coexistencia de la pluralidad, se le desconoce o margina, en un país como el nuestro, la legitimidad electoral perderá su esencia y la gobernabilidad democrática no será viable. El autoritarismo no garantiza la paz social.
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