La mediación: una alternativa frente a la reforma judicial
Aún es incierto el resultado que traerá consigo la elección judicial que se realizará exactamente en una semana.
Sin embargo, uno de los escenarios posibles es que el Poder Judicial, por un tiempo al menos, enfrente dificultades derivadas tanto de la curva de aprendizaje como de los problemas inherentes al diseño mismo de la reforma, operando de manera más lenta e incluso menos imparcial que actualmente.
El experimento social que representa esta reforma judicial podría generar niveles elevados de desconfianza que lleven a empresas y particulares a buscar alternativas para evitar los procesos judiciales tradicionales.
En México, hay un dicho popular muy conocido: “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”. La razón de esto es simple y conocida desde hace tiempo: los procesos judiciales suelen ser largos, inciertos y costosos.
A pesar de ello, en México ingresan a los tribunales más de 2 millones de casos nuevos cada año, es decir, aproximadamente 5 mil 500 nuevos asuntos cada día. Los conflictos más comunes son familiares (38%), civiles (25%), mercantiles (22%), penales (11%), y el restante 4% corresponde a cuestiones administrativas, laborales y otras categorías.
Hasta hace muy poco, en México no existían mecanismos legales sólidos para resolver controversias fuera de los juzgados. Fue apenas el 26 de enero del 2024 cuando se promulgó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La aceptación fue tal que en la Cámara de Diputados obtuvo 429 votos a favor y ninguno en contra, mientras que en la Cámara de Senadores tuvo 101 votos a favor, ninguno en contra y sólo 2 abstenciones.
Aunque estos mecanismos ya están operativos, aún son relativamente desconocidos. El estado de Jalisco lidera actualmente la implementación efectiva de la mediación. Se estima que, a nivel nacional, podrían realizarse alrededor de 100 mil mediaciones al año, gracias a aproximadamente 500 mediadores certificados.
Hasta ahora, la mediación se ha utilizado principalmente en conflictos familiares, pero existe un enorme potencial para extender su uso a otros ámbitos, siempre que aumente el número de mediadores debidamente capacitados.
No todos los conflictos se resolverán mediante mediación, pero si enfrentamos un sistema judicial que temporalmente sea ineficaz o genere desconfianza, es lógico buscar alternativas que eviten llegar a juzgados y tribunales.
La mediación se basa en principios claros: las partes involucradas deben aceptar voluntariamente el proceso y acuerdan que lo discutido durante las sesiones no será utilizado posteriormente en un juicio, salvo que ambas partes lo autoricen expresamente. Esto evita que la mediación sea usada únicamente como estrategia previa a una acción judicial.
Es importante señalar que el mediador no es un árbitro; la mediación es diferente al arbitraje, donde expertos toman una decisión sobre quién tiene razón. En la mediación, las posibles soluciones son propuestas por las partes mismas, mientras que el mediador únicamente facilita el diálogo y ayuda a encontrar puntos en común.
Entre sus ventajas, destaca su flexibilidad en comparación con un juicio formal, permitiendo soluciones más creativas. Cuando se alcanza un acuerdo, el mediador colabora en la redacción del convenio, que puede formalizarse ante un juez si así lo deciden las partes.
Por ejemplo, en situaciones donde una empresa enfrenta incumplimientos de compromisos por parte de otra, la mediación puede facilitar acuerdos como cronogramas que mantengan la relación comercial, pagos parciales o ajustes en compromisos iniciales. Esto ocurre en la práctica actual, pero la mediación puede acelerar significativamente estos procesos.
Los mediadores no necesariamente deben ser abogados, aunque el conocimiento jurídico siempre facilita su tarea. Es previsible que en los próximos meses y años, ante las incertidumbres del sistema judicial, los Centros de Justicia Alternativa de los tribunales locales y federales aumenten considerablemente la capacitación y certificación de nuevos mediadores.
En definitiva, si se puede evitar acudir a los tribunales, aumentará el número de “buenos arreglos” que eviten “malos pleitos”.
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