Acusa empresario regio a autoridades de NL de ‘fabricar’ falta

El Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, Armando Barajas García determinó de manera indebida a Blanca Ballesteros Almaguer de incumplir la medida cautelar de resguardo domiciliario con el fin de regresarla a prisión y generarle presión en el juicio que enfrenta junto con su esposo, el empresario regiomontano Fernando Pablo Villarreal Cantú, al desechar las pruebas en videos que demuestran contundentemente lo contrario y el informe de la Unidad de Revisión de Medidas Cautelares (UMECA), afirmó el abogado Samuel Rubio Fernández, defensor del matrimonio.
Tanto el empresario Villarreal Cantú como su esposa, Ballesteros Almaguer, enfrentan en resguardo domiciliario un juicio desde diciembre por acusaciones de sus socios minoritarios en el grupo de parques industriales Desarrollo Logistik ubicado en San Luis Potosí.
El abogado relató que en una audiencia a la que citó el Juez Barajas el pasado 16 de febrero y la cual duró de las 9:30 horas hasta las 18:30 horas, por un reporte de la UMECA de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, de presunto incumplimiento de la medida cautelar del resguardo domiciliario de la señora Ballesteros, quien se encontraba bañándose cuando llegó la visitadora y esta última no la esperó ni 7 minutos cuando se le enteró esta situación— se le mostraron videos avalados en su autenticidad por un perito adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, que muestran a la señora llegar corriendo del interior de la casa a la puerta del domicilio apenas 56 segundos después que la supervisora de visita se retiró de dicha entrada.
“Tanto el comportamiento de la oficial de la Unidad de Medidas Cautelares al concluir que la señora incumplió con la medida cautelar… como también el comportamiento del Juez Barajas concluyendo lo mismo al desechar las pruebas de los videos y reportando la supuesta falta al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, muestran que la autoridad está fabricando pruebas para retirar dicha medida cautelar a la señora para regresarla al penal y, con esto, generar presión a la familia Villarreal Ballesteros en el juicio de Desarrollo Logistik”, señaló Rubio.
Cabe recordar que en julio de 2020 El Financiero dio a conocer que un grupo de inversionistas de Monterrey, socios mayoritarios en la empresa Desarrollo Logistik , partícipe en el control del Parque Industrial Logistik en San Luis Potosí, ganó una pelea judicial de más de dos años que canceló medidas ilegales de sus accionistas minoritarios potosinos que buscaban arrebatarles el control de esa compañía.
Además, de que en mayo de 2019 un juez federal y en agosto un Tribunal de Circuito, así como en enero de 2020 un Tribunal Colegiado, fallaron a favor de los empresarios regiomontanos y anularon decisiones de los potosinos en una supuesta asamblea del 4 de octubre de 2017, donde reunieron una representación del 39.1 por ciento del capital.
El litigante indicó que en la audiencia se le solicitó al juez de Control un receso para tomar alimentos para el matrimonio, ya que son adultos mayores, pero éste no fue concedido en el afán de decretar el incumplimiento.
“El Juez de Control está actuando parcialmente para favorecer al grupo minoritario de San Luis Potosí, cobijado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, José Arturo Salinas Garza, quien es socio de José Luis Salas Cacho, operador panista regiomontano y parte del grupo de socios minoritarios de Desarrollo Logistik que levantó la demanda contra la pareja”, reiteró Rubio.

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