Justicia Digital en todo el país
La e-justicia o Justicia Digital es más que un juicio en línea. Un juicio en línea ágil y eficiente, consultas amigables del expediente electrónico como flipbook, buscadores jurídicos gratuitos, citas presenciales con códigos QR, autentificación con una firma especializada obtenida desde una aplicación móvil, audiencias por videoconferencias, y sesiones de órganos jurisdiccionales transmitidas vía streaming, constituyen un sistema integral de Justicia Digital.
Esto fue lo que se logró en el Poder Judicial Federal (PJF) durante la pandemia por COVID en el 2020, transitando de una justicia de papel a una Justicia Digital para todos los tipos de procesos del orden federal: juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, entre otros.
Los buscadores jurídicos lanzados entre el 2020 y el 2023 facilitaron el acceso a la justicia. Con solo un click, justiciables y abogados obtenían, de manera gratuita, accesible y ágil, información técnica, académica y jurisdiccional que de otra manera les hubiera tomado recursos económicos, tiempo y herramientas. Por supuesto que los usuarios del sistema de justicia no cuentan por igual con la misma cantidad de estos insumos. Así también conseguimos una justicia más igualitaria.
La posibilidad de iniciar un juicio en línea —dentro de la Justicia Digital—, se traduce en preparar una demanda, presentarla, recibir turno, llevar un procedimiento amigable con flujo constante de información entre el órgano jurisdiccional y las partes, acudir a audiencias virtuales, presenciar vía remota las sesiones de discusión y resolución de asuntos, obtener sentencia, formular y presentar recursos, llevar el trámite a la siguiente instancia. Y sí, todo desde un celular.
Cabe destacar que la Justicia Digital se implementó con recursos propios. Por razones de austeridad, de independencia y de seguridad era impensable poner la justicia federal en la mira de un ciberataque o de un incumplimiento contractual.
La e-justicia, además de permitir que la justicia federal no se detuviera durante los meses de confinamiento sanitario, logró innovaciones permanentes como agilidad y transparencia en los procesos; mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos; reducción de espacios de corrupción; y una justicia más accesible, igualitaria y cercana a las personas.
Hoy, en pleno 2024, estamos frente a una crisis del sistema nacional de justicia. Las y los ciudadanos desconfiamos de nuestras autoridades, resistimos frente a la necesidad de denunciar, y en muchas ocasiones preferimos sacrificar nuestros derechos antes de acudir a un juicio. Sin duda es un problema complejo que se debe resolver de manera integral.
El diagnóstico logrado desde los foros y mesas de trabajo que hemos realizado en el marco de los “Diálogos por la Transformación”, en el eje de justicia, nos permite —y obliga— a proponer una reforma integral para reestructurar fiscalías, defensorías y poderes judiciales, esto de manera paralela a un esquema de justicia cívica y mecanismos alternativos para la solución de controversias; y, una de las propuestas de esta reforma será la digitalización de la justicia a nivel nacional.
Los tribunales superiores de justicia son independientes del PJF, por lo que el sistema de Justicia Digital no ha permeado en la justicia local. Y siendo que la competencia de juzgados y tribunales locales es atender y resolver los conflictos cotidianos, aquellos que más importan a las personas y que constituyen la mayor demanda de justicia, es imperativo que la justicia local se modernice y transite hacia una Justicia Digital.
Tener una e-justicia accesible, ágil, igualitaria y eficiente en cada entidad federativa, coordinada además con el PJF, es un punto de encuentro que pone al centro a los justiciables y nos encamina a reparar nuestro sistema nacional de justicia. Esto es deseable y también posible; vayamos por una Justicia Digital para todas las personas en el país.
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