Huachicoleo en Acapulco: Gasolineras acusan que Guardia Nacional permitió robo de combustibles
Empresarios gasolineros víctimas de huachicoleo en Acapulco, luego de que el huracán Otis devastó el puerto, pidieron incentivos proporcionales a la omisión de la autoridad para evitar el robo de sus negocios.
Acusaron que tanto autoridades estatales como federales (Ejército, Guardia Nacional y Marina) “hicieron muy poco o casi nada” para evitar que la gente saqueara los negocios en Acapulco.
De hecho, hicieron públicos (a través de El Financiero) una serie de videos en los que se observa a grupos de personas robando las gasolineras, entre ellos una estación en la colonia Progreso.
En la imagen se ve cómo las personas, organizadas por algunos líderes, se arremolinan en la estación ES 07519, en la esquina de las calles Baja California y Niños Héroes, para obtener gasolina de los tanques.
Al fondo se ve un camión antimotines de la Guardia Nacional que circula a baja velocidad frente a la gasolinera. Tiene las torretas prendidas y mediante un altoparlante uno de los agentes federales que tripulan una unidad dice:
“Desalojen la gasolinera, con estas acciones se ponen en riesgo ustedes y a las personas que viven alrededor, entiéndalo”. La frase la repiten varias veces, pero no hay elementos que impidan el huachicoleo.
Los directivos de la estación grabaron la imagen y dijeron que, durante los primeros días, hubo casos y se generalizaron este tipo de robos, y agregaron que la autoridad en ningún momento tuvo intención de inhibir la acción; por el contrario, fueron ahuyentados por los ladrones.
“Los policías no hicieron una acción contundente para inhibir el robo”, dijeron directivos a este diario.
Mucha de esa gasolina fue revendida por los huachicoleros a precios superiores a los establecidos por la autoridad. Reportes de los propios habitantes señalan que se llegó a ofertar hasta en 40 pesos por litro.
Los empresarios reportaron pérdidas millonarias, no sólo por los daños causados por Otis, sino también por el huachicoleo, que, casi de manera impune, se dio durante los cuatro días posteriores a la devastación.
Fue hasta días después que el Ejército y la Guardia Nacional tomaron el control de las estaciones de gasolina, y vigilaron que los empleados pudieran vender el combustible.
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