Morena debe sugerir a sus aspirantes ‘portarse bien’
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del INE mediante el cual se ordenó a Morena a conminar a sus corcholatas (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López”, simpatizantes y militantes, a abstenerse de realizar, participar o asistir a eventos, o distribuir propaganda, para solicitar apoyo a sus eventuales precandidaturas presidenciales.
El órgano electoral dijo que con ello se busca evitar una afectación a los principios de certeza y equidad en el proceso electoral 2023-2024.
La decisión se tomó por mayoría de votos en la Sala Superior del TEPJF el viernes, pero se conoció ayer ya que el proyecto original, de la magistrada Mónica Soto, proponía revocar el acuerdo del INE.
La decisión se dio a conocer ayer, cuando los aspirantes de Morena iniciaron un recorrido por el país que durará los 70 días previos al inicio oficial del proceso electoral 2023-2024, en septiembre.
El TEPJF ratificó las medidas cautelares que, a solicitud de Jorge Álvarez Máynez, diputado de MC, y del PRD, ordenó el INE contra la participación de Sheinbaum, Ebrard y López en eventos celebrados en distintas entidades.
MC y PRD consideraron que, en los actos en Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca y Sonora, las corcholatas aludieron a los logros del gobierno federal y a los éxitos en el desempeño de sus funciones.
Además, denunciaron que la y los entonces funcionarios públicos solicitaron el apoyo a favor de sus eventuales precandidaturas utilizando las frases: “Es Claudia”, “Con Marcelo Sí” y “Ahora es Adán”.
Por tanto, a partir de esos hechos, se alegó la existencia de promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.
El INE dio la razón a los quejosos y decidió otorgar las medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, con el fin de que las personas denunciadas se abstengan de realizar los actos denunciados.
Estimó que, de forma preliminar, se está frente a conductas posiblemente ilegales que deben evitarse para garantizar los derechos y principios constitucionales.
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