‘No les tomen ni el teléfono’

La Suprema Corte de Justicia se ha convertido en el último bastión de defensa de la Constitución.

Y por el hecho de cumplir ese papel, también se ha vuelto en ‘el villano favorito’ del presidente de la República pues a éste le disgusta ser limitado por la Constitución.

Eso explica el enojo de López Obrador ante la decisión de la mayoría calificada de los ministros respecto al tema de la Guardia Nacional, la cual rayó en lo insultante y grotesco.

Simplemente, la Corte ejerció la función que tiene encomendada, y determinó que la reforma a la ley de la Guardia Nacional que, entre otras cosas, transfirió la administración de esta institución a la Sedena, era violatoria de la Constitución.

El responder: “no les tomen ni el teléfono”, da la dimensión de la molestia del Presidente.

Afortunadamente, la mayoría de los ministros ha entendido el rol que está jugando, resistiendo la presión que implica la actitud agresiva de López Obrador, quien no puede tolerar que haya otro poder que no se someta a sus designios.

Con su determinación, la Corte no estaba juzgando la eficacia de la política para combatir la inseguridad ni tampoco estaba legislando.

Lo único que hizo fue revisar la constitucionalidad de una Ley.

El 9 de septiembre pasado, el Senado aprobó por 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones, la reforma que permitió cambiar la adscripción de la Guardia Nacional.

Una de las abstenciones, por cierto, fue la del senador Monreal.

Desde entonces, diversas voces señalaron la inconstitucionalidad de la medida.

El artículo 21 de la Constitución establece lo siguiente:

“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”.

Lo único que hizo la mayoría de la Corte fue establecer que la reforma de septiembre del año pasado contradecía los términos del artículo 21 constitucional.

En nuestro sistema jurídico, cuando esto sucede tiene preeminencia la Ley Fundamental sobre las leyes secundarias, por lo que deben anularse las que contradigan la Constitución.

El presidente López Obrador había señalado originalmente que su pretensión era reformar la Constitución, pero al darse cuenta de que no contaba con los votos suficientes para hacerlo, entonces optó por saltársela mediante una reforma legal que solo le exige mayoría absoluta, con la cual sí cuenta.

La actitud presidencial es preocupante porque el mensaje que está enviando al país es que buscará la manera de darle la vuelta a lo que mandata la Constitución.

El enojo aumentó cuando percibió que la presidenta de la Corte buscaba hablar con la responsable de la Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, sobre los detalles del cumplimiento de la resolución de la Corte, en una actitud de racionalidad y cortesía política entre poderes.

A la Corte como a otros Tribunales, como el Electoral, le esperan grandes desafíos pues hay temas pendientes que deben resolverse y otros que probablemente aparecerán en el futuro próximo.

Se va a requerir que los ministros perciban el respaldo público frente a la agresión presidencial.

En este espacio le comentamos que la marcha del pasado 26 de febrero fue crucial para darle a la mayoría de los integrantes de ese Tribunal la certeza de que hay respaldo de la población.

Este hecho también se aprecia en la encuesta realizada por El Financiero y publicada el 21 de marzo pasado que reveló que el 61 por ciento de los entrevistados tenía confianza en la Corte, una cifra superior al nivel de aprobación del presidente López Obrador.

El reto para el bloque mayoritario de los ministros será resistir presiones y seguir haciendo hablar a sus sentencias… aunque el gobierno federal no les tome ni el teléfono.

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