Ministros y consejeros
Todos están a la expectativa de lo que los ministros de la SCJN decidan sobre la inconstitucionalidad del Plan B. No cabe duda que el proyecto es inconstitucional. Desde luego los ministros tendrán que estudiar y resolver en función de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, y tomar en cuenta las solicitudes de amicus curiae con sus alegatos. Desde luego la primacía constitucional es la que debe prevalecer en sus disertaciones y dictámenes. Sin embargo, recordemos que el control de la convencionalidad sigue siendo una doctrina en construcción. Es decir, los ministros deberán atender el asunto desde diversas perspectivas que quizá conducen a versiones contrapuestas.
La discusión en el pleno no será sencilla, tanto por las interpretaciones como por los debates entre pares. Si bien el Plan B se fundamenta en una propuesta de ahorro de recursos públicos, dicho ahorro afecta derechos humanos. Por tanto, el tema debe ubicarse no en un aspecto meramente administrativo, sino en las restricciones a los derechos políticos de los ciudadanos. Estamos entonces ante la definición de una democracia, cuyas reglas del juego, es decir, sus normas electorales, pueden generar ilegalidades, inequidades y comprometer a los comicios como la vía para dirimir los distintos proyectos de nación. Esto podría conducir a nuevos conflictos post electorales, cuando el juez, es decir los órganos electorales, no cuentan con las facultades para cumplir su función y resolver las diferencias.
Por tanto, estamos ante una situación muy delicada que compromete el acceso al poder con reglas claras, confiables y legales, aceptadas por los contendientes. La SCJN tiene pues un reto histórico que no imaginó y que la pone ante el análisis jurídico de la constitucionalidad de medidas que suponen un nuevo sistema electoral que afecta a los ciudadanos, y por tanto, a la paz social. El estudio deberá hacerse por cada una de las leyes impugnadas valorando no solo la redacción y aplicación de la ley, sino sus alcances y efectos, así como los daños que puede causar a el proceso electoral y a los derechos políticos.
De acuerdo al artículo 105 constitucional, se requieren de 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley. No se trata de mayorías simples, sino de una mayoría calificada, con un criterio contrario al que opera en otras cortes constitucionales. Desde luego sabemos que la Ministra plagiaria argumentara a favor del proyecto gubernamental, lo mismo que la Ministra Loretta Ortiz, así como el antes respetado y hoy vilipendiado Ministro Zaldívar, que difícilmente podrá lavar la cara ante la historia. De los otros ocho ministros aún no conocemos su opinión, pues apenas se ventilan acciones y controversias constitucionales, y por tanto, no se conoce su posición. Este mismo artículo señala que “en las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”
Esto implica tomar en cuenta no sólo el texto constitucional sino los tratados internacionales sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención Sobre las Personas con Discapacidad, los que afectan derechos político electorales de las mujeres como CEDAW, Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Belem do Parao, entre otros. Esto debido a que el Plan B afecta derechos políticos ciudadanos, con mayor énfasis en paridad y violencia política contra las mujeres, así como disminuye espacios para los grupos minoritarios vulnerables.
El artículo 27 de la Convención de Viena establece sobre el derecho de los tratados, “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. La Corte Interamericana de DDHH, “ha extendido el parámetro de convencionalidad a otros tratados de derechos humanos ratificados por el Estado y a las opiniones consultivas dictadas por ella en función del artículo 64 de la CADH12″. Desde el punto de vista del derecho internacional, “los tratados, pactos y convenciones tienen, en principio, vocación de primacía frente a cualquier otra norma jurídica”. La recepción del derecho internacional en el ámbito nacional “hace que los tratados internacionales dejen de ser derecho extranjero y se conviertan en derecho interno”. Así los tratados tienen a un estatus constitucional.
Los mexicanos confiamos en la SCJN, aún con sus negritos en el arroz, y en ella ciframos la esperanza de que nuestra democracia no se vea afectada por quienes tratan de vulnerarla porque tienen miedo de que el pueblo no les beneficie en las urnas en 2024. No se puede asumir un criterio contrario al interés nacional, ni supeditarlo a intereses particulares o de grupo.
El otro ámbito donde se da la lucha por la democracia es el del nombramiento de los cuatro nuevos Consejeros del INE. Nadie cree posible que personas afines a Morena, sin experiencia electoral, sean los mejor calificados en el examen aplicado con el Comité Técnico de la Cámara de Diputados. Faltan aún procesos para calificar a los postulantes, pero la mayoría morenista puede validar perfiles afines en las quintetas a las cuatro vacantes. Desde luego, la oposición puede oponerse, pero la mayoría de Morena y sus aliados definirán el tema.
Aunque en principio el proceso para nombrar consejeros del INE implica una votación de mayoría calificada por la Cámara de Diputados, Morena ha sido clara desde el principio. No le interesan los acuerdos y prefiere dar paso a la insaculación, donde lleva la ventaja por el número de sus propuestas.
Se ve inevitable que Morena acabe por avasallar. Pero la ciudadanía está pendiente y dispuesta a seguir la lucha por órganos electorales autónomos. El escenario puede ser la inconstitucionalidad del Plan B con sus alcances, con una mayoría de consejeros morenistas. Esto implicaría una vigilancia ciudadana del INE muy estrecha. El peor escenario es que no aplique la inconstitucionalidad, se voten solo alcances, y el INE quede con mayoría Morenista. Esto obligaría además de la vigilancia ciudadana al INE, a una presión ciudadana sobre el Poder Judicial. Como sea, la lucha por la democracia apenas inicia, pero la ciudadanía y los partidos están presentes.
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