Prueba de fuego para la Suprema Corte
Veremos el trabajo de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ante las acciones de inconstitucionalidad promovidas por separado, por el PAN, PRI y PRD para impugnar el Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, que aprobaron los legisladores de Morena y rémoras y que a todas luces viola varios preceptos constitucionales.
Será la primera “papa caliente” que deberá cocinar y por los antecedentes de la ministra y su forma de votar en el pasado en temas que le interesaban a AMLO promover, es seguro que con su voto y de otros ministros se impedirá el desmantelamiento al INE y de los organismos electorales estatales, en la víspera de los comicios del 2024.
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, precisó que esta es la primera de varias acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que presentarán, y agregó que solicitará a la ministra presidenta que los recursos sean atendidos de forma expedita.
La posibilidad de que Morena pierda la elección presidencial es real y López Obrador lo sabe, por eso pretende adecuar todo el entramado jurídico y las instituciones electorales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de los (OPLES) a su modo y conveniencia para impedir la alternancia en el poder.
Como se ha dicho, el Plan B de AMLO colapsará áreas clave del INE para la organización de la elección nacional y locales de 2024, por la fusión, eliminación y adelgazamiento de estructuras, la sobrecarga de trabajo y nuevas atribuciones.
Hay que recordar que en septiembre arranca el proceso electoral de 2024, en el que se renovará no solo la Presidencia de la República, también el Congreso de la Unión, 8 gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la CDMX, 30 Congresos estatales y mil 596 alcaldías.
La reforma de AMLO con el pretexto de la austeridad quitará de golpe a mil 264 vocalías en juntas locales y distritales, y con ello se daría un total caos administrativo que impediría a los organismos electorales garantizar el proceso electoral.
Las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron por la oposición, son las primeras de un bloque de recursos promovidos ante la SCJN que buscan impedir que los servidores públicos puedan hacer difusión y contratar publicidad, tal como lo señala el Plan B.
También la propaganda gubernamental y las responsabilidades administrativas serán motivo de acciones de inconstitucionalidad.
Con los vientos renovadores en el Máximo Tribunal se ha generado una alta expectativa para que se haga valer la supremacía constitucional y se respete la Carta Magna.
Lo que es un hecho, es que ni la ministra presidenta y la mayoría de los ministros se doblarán ante las presiones del Ejecutivo; al contrario, esas manifestaciones entendidas como resabios del autoritarismo, son un acicate para que los ministros cumplan a cabalidad con las responsabilidades del cargo.
Si con Arturo Záldivar como presidente de la SCJN existía un total sometimiento al Poder Ejecutivo federal, ahora las cosas han cambiado con el nombramiento de la ministra Norma Piña.
Cierto, los tiempos corren de prisa. La Suprema Corte tiene 90 días para pronunciarse antes del proceso electoral, es decir, deberá resolver a más tardar en el mes de junio de este año, por lo que tres meses son tiempo suficiente para cerrarle el paso a la reforma electoral del Ejecutivo.
Ante el anuncio de la celebración de la segunda marcha ciudadana a realizarse el próximo mes, en defensa de la democracia, el INE y el voto, el activismo del bloque opositor en el Congreso se ha incrementado, por ello, el presidente López Obrador intensificará sus ataques a sus detractores y sobre todo se empeñará en meter por la puerta de atrás del Congreso, reformas legislativas a modo para impedir la alternancia en el poder.
En cuatro años, AMLO derrochó su capital político a tal grado de que, ahora, ni él está seguro de que Morena mantenga el poder por las buenas.
La defensa de las instituciones electorales y del orden constitucional, es un paso fundamental para preservar la democracia en México.
Los coletazos del autoritarismo se sentirán con todo rigor en estos dos años, por lo que es vital el activismo de la sociedad libre y participativa para impedir que los modelos políticos de gobierno que imperan en otros países de América del Sur y del Caribe como Cuba, Venezuela o Nicaragua, se impongan en México.
La declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma electoral de AMLO es vital para la supervivencia de la democracia mexicana.
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