Que un “triunfo político” no sea una derrota social

Óscar Mario Beteta

El Ejército, una de las instituciones más respetadas y reputadas del país, se halla frente al reto histórico que podría marcar un hoy y un mañana en materia de seguridad pública, se quede o no en las calles realizando esas tareas hasta 2028.

Si su misión concluye en 2024, como originalmente se estableció en la reforma de 2019, por la que se aprobó la institucionalización de la Guardia Nacional, por la brevedad, mayor será la exigencia de cumplir con el deber que se le ha encomendado de pacificar el país.

Si, como debiera ser, ese lapso se extendiera hasta 2028, como propuso la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, contaría con más tiempo para alcanzar ese objetivo y no habría justificaciones frente a una posible falla.

Pero, en cualquier caso, será de crucial importancia que los alcaldes y los gobernadores profesionalicen, con todo lo que ello implica, a sus corporaciones policíacas, so pena de llevarlos ante la justicia por negligencia, corrupción o colusión.

En ambas situaciones, los militares merecen el voto franco, decidido y abierto de toda la sociedad para desempeñar sus actividades. Por su lealtad y disciplina; entrega y esmero, es previsible que siempre cumplan con las responsabilidades que se les confirieren. Restaurar la seguridad, es la de mayor importancia.

Cabe subrayar que, por la confianza que se les tiene a las Fuerzas Armadas, por la delicada responsabilidad que se les asigna y por su costumbre de hacer eficazmente sus tareas, es de esperar que en su desempeño rindan buenas cuentas.

La organización castrense, hoy, es la única que puede reordenar al país y procurar a la ciudadanía la seguridad que perdió tiempo por la presencia, avance y consolidación del crimen organizado, fenómeno que los últimos gobernantes no han podido frenar.

La importancia de su participación en la seguridad pública es de tal dimensión y trascendencia, que podría decirse con todo realismo que su desafío es refundar el Estado, puesto que este sólo es concebible sobre la base del Derecho, que los soldados tratarán de reestablecer.

Dado el proceso de descomposición y la criminalidad que prevalecen en todo el territorio, los militares son la única y la última alternativa que tiene el país para reencausarse en las instituciones y en las leyes, la paz, la concordia y la unidad.

Los números, citados por el propio presidente, lo dicen todo: en junio de 2022, la Marina tuvo un 86.6 por ciento de confianza social; el Ejército, 83.3 por ciento; la Guardia Nacional, 74.5 por ciento; la policía estatal, 50.3 por ciento, y la policía preventiva 45.5 por ciento.

Eso es lo que justifica su actuación en la tarea esencial del Estado de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Los congresistas que se opusieron a la iniciativa para que sigan en las calles hasta 2028 y propiciaron su regreso a comisiones, deberían haberlo valorado.

Así, es de esperar que el dictamen, que en diez días hábiles puede ser retomado y debatido, lo repiensen y lo apoyen en caso de ser votado.

En cualquier situación, es imperativo crear el Colegio de la Guardia Nacional donde se formen los futuros mandos. Por la confianza colectiva de que gozan las Fuerzas Armadas, se esperaría una mejor actuación que la de los civiles, llenos de descrédito por su proclividad a la cleptocracia.

Sotto Voce.- Por el ambiente de inseguridad que también heredó, el actual presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, lanza una consulta popular sobre si las fuerzas armadas –40 mil elementos– deben apoyar a la policía nacional en labores de seguridad interna. Al parecer, la respuesta ciudadana será afirmativa… Para la competencia por la jefatura de gobierno de la CDMX en 2024, el refresco que lleva la corcholata de Martí Batres es, por mucho, el que más gas tiene.

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